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Proponen adoptar protocolo de actuación en niñas, niños y adolescentes para las fuerzas policiales: Destinado a la protección de niñas, niños y adolescentes, el titular de la bancada del MPF, legislador Pablo Villegas, propuso a la Cámara legislativa solicitar al Poder Ejecutivo fueguina la adopción del protocolo de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad, Ley nacional N° 26.061. La normativa, reglamentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación N° 517/22, asegura el ejercicio de los derechos humanos especialmente en niñas, niños y adolescentes.

En el proyecto, asunto N° 166/23, el bloque del Movimiento Popular Fueguino recuerda que Ley nacional N° 26.061, busca la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes “para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos, reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”. También, recuerda que esos DDHH “están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño”, en la Carta Magna nacional y la Convención sobre los derechos del niño.

En este sentido, en los fundamentos de la resolución, los niños, niñas y adolescentes “tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos, y a ser tratados con el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de su edad”.

El escrito, que Pablo Villegas solicita que la Provincia adopte el protocolo que define los “lineamientos generales para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en intervenciones que involucren a niños, niñas y adolescentes”.

Al finalizar, pide al Gobierno fueguino “implemente dentro de la Policía Provincial, y en forma obligatoria, la ejecución del Protocolo de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad” en intervenciones a ese grupo etario de la sociedad.

Proponen crear juicios por jurados ciudadanos: “La participación del pueblo en la administración de Justicia es una deuda impostergable de la política. Debemos devolver a las instituciones la confianza de la gente, en especial respecto al sistema judicial”, dice el legislador de FORJA, Emmanuel Trentino. El proyecto de Ley tomó estado parlamentario la semana pasada; la iniciativa que ingresó con el Nº 163/23, será tratada en las comisiones deLegislación General y Justicia y de Seguridad, Nº 1 y 6, respectivamente.

El texto, está integrado por siete capítulos, de los cuales se despliegan cuarenta y ocho artículos, que abordan temas tales como: competencia, ámbito de aplicación, principios generales, función del jurado de ciudadanos; integración: excusación, requisitos, incompatibilidades, inhabilidades, garantías y demás resguardos.

En otra parte del escrito se especifica acerca de los actos preliminares, presentación y reglas del debate, veredicto, sentencias, recursos, facultades del tribunal, prohibiciones, entre otras especificidades.

Un dato a destacar, según señala Trentino, es que el proyecto fue redactado por el abogado Federico Rauch y “presentado por la legisladora MC Liliana Fadul, en la primera conformación parlamentaria de 1994”.

Para finalizar, recordó que la iniciativa se enmarca en la decisión del Gobernador de la Provincia, prof. Gustavo Melella, de reformar la administración de justicia con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las y los fueguinos en ella.

Buscan capacitar al personal del estado en la “Cuestión Malvinas y geopolítica”: La iniciativa presentada por la legisladora María Laura Colazo del Partido Verde, propone la adhesión a la Ley nacional Nº 27.671, y tiene el objetivo de capacitar de manera obligatoria, periódica y permanente en la“cuestión Malvinas y geopolítica del Atlántico Sur” a todos los que se desempeñen en la administración pública de los tres poderes del Estado.El proyecto, que tomó estado Parlamentario con el Nº 093/23, fue girado a las comisiones de Legislación General y de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, Nº 1 y 7, respectivamente.

“Es necesario generar una base de conocimientos adecuadas y uniforme en nuestra Provincia que constituya una herramienta idónea en la estrategia provincial de defensa de los intereses locales y nacionales en torno a las islas Malvinas y el Atlántico Sur”, se indica en los fundamentos de la iniciativa.

Para Colazo, la “Causa Malvinas”, trasciende los Gobiernos, las miradas políticas y los contextos culturales y aglutina el conjunto social argentino en torno a los derechos soberanos de la Nación, “es fundamental la construcción de una mirada acorde con los reclamos históricos y declaraciones políticas“, opinó la referente del Parlamento.

En el articulado se establece, que la autoridad deaplicación será la Secretaría de Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales y tendrá la responsabilidad de diseñar el contenido del temario de la capacitación en la que primará el enfoque local en virtud del entorno geopolítico.

Tierra del Fuego adhirió al Certificado Único de discapacidad: La Legislatura fueguina sancionó la adhesión de la Provincia a la Ley nacional N° 27.711 que define los alcances del Certificado Único de discapacidad. En la iniciativa del bloque de la UCR legislativa, asunto N° 165/23, recordaron que depoco más de 3 millones de personas poseen alguna discapacidad, solo 1 millón 300 mil acceden a ese certificado.

“Las personas con discapacidad requieren medidas especiales para poder ejercer derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás, por lo que es responsabilidad del Estado, eliminar todas las formas de discriminación contra ellas y propiciar su plena integración en la sociedad”, señaló la vicepresidenta de la Comisión de Salud N° 5, Liliana Martínez Allende.

En tanto, recordó que el modelo social de discapacidadestablece que “las barreras y las actitudes negativas” son factores que condicionan la participación activa de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones.

Con la sanción de la normativa las y los fueguinos podrán contar con este instrumento que es imprescindible para que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan acceder plenamente a sus derechos: a la atención y servicios de salud, a la educación, a la gratuidad en el transporte y a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUHD).

“La acción de amparo afianzará los derechos constitucionales”, dijo Villegas: “Por primera vez, en Tierra del Fuego, con esta Ley vamos a reestablecer y definir los derechos. Estamos reglamentando las garantías constitucionales”, afirmó ayer el legislador Pablo Villegas al fundamentar la iniciativa que impulsó como titular de la comisión Nº6 de Seguridad y Justicia. La norma plantea la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, reconocidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales de Derechos Humanos, Constitución Provincial y leyes del Congreso de la Nación que los reglamente, también conocida como “acción de mparo”.

En tanto, señaló que si bien se trató de una iniciativa que impulsó el MPF, “contó con los aportes de los distintos actores que han intervenido en el ámbito parlamentario de la Comisión de Seguridad y Justicia”. Consideró que el objetivo central es que todos los fueguinos y fueguinas posean una herramienta que garantice una respuesta rápida de parte de la Justicia.

Además, siguió al señalar que a través de la puesta en marcha de la norma, se sustituirán “las partes reglamentarias que se prestan a discusión de la actual Ley 16986”, justificó.

Según indicó Villegas, otro de los ejes sobre los que se trabajó con el objetivo de optimizar el amparo, se centró en definir “quien poseen la potestad de presentarlo”. Amplió que “sumamos la palabra acción asociada al amparo dado que entendemos que la medida o decisión del Juez competente en la materia debe ser rápida”, opinó.

La norma posee veinticuatro artículos, en los que se detalla cuestiones vinculadas al ámbito de aplicación, objetivos, legitimación, competencia, contenido de la acción de amparo, traslados, medidas cautelares, audiencias, pruebas documentales, entre otros.